La batalla legal por los terrenos familiares suma un nuevo capÃtulo explosivo. La defensa del imputado sostiene que la señora Laura no estarÃa actuando con plena autonomÃa, sino bajo una fuerte influencia y manipulación de su hijo Juan José, quien encabeza la ofensiva jurÃdica y mediática derivada de la venta de propiedades realizada en 2024.
De acuerdo con esta versión, tras concretarse la compraventa de diversos predios a favor de su nieto Brayan, Juan José habrÃa intervenido para convencer a su madre de denunciar un supuesto fraude por parte de su nieto, pese a que existen documentos notariales y escrituras públicas que respaldarÃan las operaciones.
Acusan estrategia de presión pública
El caso escaló todavÃa más luego de que se señalara la participación de un abogado identificado polÃticamente con el llamado régimen silvanista, a quien atribuyen haber impulsado la difusión de notas periodÃsticas y versiones públicas sin sustento suficiente, con el objetivo de generar presión mediática sobre la FiscalÃa.
Según la defensa, la intención serÃa influir en autoridades ministeriales para que adopten medidas favorables a sus intereses patrimoniales, aun cuando el expediente ya contiene pruebas documentales que contradicen la narrativa del supuesto despojo.
Uno de los puntos más controvertidos es que la señora Laura habrÃa manifestado públicamente haber sido despojada de todo su patrimonio. Sin embargo, la contraparte sostiene que dicha afirmación no coincide con la realidad financiera del caso.
Aseguran que, aun considerando los bienes en disputa, el patrimonio neto de la señora ascenderÃa todavÃa a varios millones de pesos, por lo que la versión de haber quedado sin nada serÃa falsa o, al menos, profundamente exagerada.
El fondo del conflicto
Para observadores del caso, lo que se discute ya no es solo una compraventa, sino la posible utilización de una adulta mayor, de los medios de comunicación y dey instituciones públicas dentro de una disputa familiar por dinero y control patrimonial.
La pregunta que crece.
Con denuncias cruzadas, bloqueos de inmuebles y campañas públicas, la interrogante se vuelve inevitable:
¿Se busca justicia… o se intenta construir presión polÃtica, mediática y penal para revertir decisiones patrimoniales ya formalizadas?
