Presentan regidoras de Penjamillo denuncia penal por amenazas, agresiones y lesiones

Fue el 20 de septiembre cuando cinco mujeres pertenecientes al cabildo de Penjamillo, y sus familias salieron de ese municipio tras haber vivido agresiones y amenazas directas al interior de las viviendas de dos de ellas. La primera acción de estas últimas fue presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán (FGE), y durante este periodo buscan obtener refugio político por el temor de ser perseguidas.

De manera anónima, relataron la zozobra y el temor que han enfrentado por negarse a respaldar las decisiones de la presidenta municipal, que sustituye en el cargo al edil electo, Gilberto Mejía Salgado, desaparecido el 29 de junio del 2021.

Explicaron que las anomalías comenzaron prácticamente a pocos días de rendir protesta como nuevas integrantes del Cabildo el 2 de septiembre, ya que se pretendía modificar el acta de Cabildo para establecer que lo habían hecho el 1, como establece la Constitución.

Señalaron que desde octubre del 2021, llegó un asesor de la alcaldesa, identificado como Julio López López, para presidir la sesiones de cuerpo edilicio, en sustitución del secretario, Manuel Rodríguez Arias, en franca violación de la Ley Orgánica Municipal.

En consecuencia, determinaron votar en contra de su permanencia el 30 de enero de este año y también de la Cuenta Pública Trimestral, por la falta de información.

Entre 3 y 4 de la tarde del 12 de febrero recibieron la primera amenaza en sus casas particulares, a donde llegaron hombres “raros” quienes les enviaron el mensaje con sus familiares.

“Me dijeron que te pusieras las pilas que votaras a favor de la presidenta, que no la cuestionaras y que ella era la que mandaba”, explicó el papá a una de ellas vía telefónica, a quien le señaló que los propios enviados se presentaron ahí como “personas malas”.

“Queremos que se alinee”, fue el mensaje que le dejaron.

En una segunda sesión que se desarrolló ese día, las regidoras emitieron de nuevo su voto en contra de otra propuesta de la alcaldesa y para su sorpresa, otros hombres llegaron a sus viviendas para hacerle una nueva advertencia.

“Yo nada más le vengo a decir que le baje de huevos, que se deje de chingaderas y le deje de tanta mamada, porque aquí la que manda y la que decide es la presidenta, usted sabe para qué empresa trabaja, quien la protege.”

Luego del 12 de febrero, todas las votaciones en el Cabildo se dieron por unanimidad debido al temor que sentían las regidoras, por lo que la alcaldesa ofertó incluso a algunas que pudieran meter a una persona en la nómina, para tener un ingreso adicional, pero no aceptaron.

Sin embargo, en mayo, se opusieron a la compra de una camioneta para habilitarla como patrulla por 150 mil pesos, ya que recibirían apoyo al programa FORTAPAZ y consideraban que había otras prioridades, como un camión para la recolección de basura.

No obstante, conocieron documentación en la que constataron que el recurso se había retirado sin la autorización del Cabildo.

Luego comenzaron a solicitar información en Tesorería municipal, que reveló el gasto “exorbitante” en gasolina, donde, por ejemplo, solo en junio se pagaron 499 mil pesos en gasolina de 5 patrullas y la alcaldesa, 105 mil pesos en un mes. También se les informó del retiro de 600 mil pesos de la dirección de Agua Potable.

La situación fue escalando hasta que, en agosto, el Contralor notificó a una de las regidoras de un señalamiento en su contra por laborar en la Secretaría de Salud, lo que detonó que la funcionaria municipal advirtiera en sesión de Cabildo su inconformidad con la alcaldesa.

“A mi me pueden denunciar por trabajar, no me da vergüenza, denúncienme donde me tengan que denunciar, pero lo que aquí está sucediendo nen este ayuntamiento yo sí lo voy a denunciar, aquí hay abuso de autoridad, aquí hay desvío de recursos, aquí hay una mala administración, yo no me voy a quedar callada”.

Las regidoras fueron citadas el 20 de septiembre a sesión de Cabildo para aprobar la Ley de Ingresos 2023, pero las regidoras votaron en contra de la iniciativa, con la evidente molestia de la presidenta municipal.

Ese mismo día, cerca de las 11:00 horas, cerca de 15 hombres encapuchados y armados arribaron en vehículos al domicilio particular de una de ellas, donde obligaron a su mamá y a su hijo a tirarse en el piso, mientras llevaron a la regidora a un cuarto alterno, donde la golpearon y patearon.

“Me encierran allá, se van otros tipos conmigo y me empiezan a golpear la cabeza, me dicen que ya sabían de los tratos que tenían con Valentín, Valentín es el director de Obra Pública, me dicen ya sabes de los tratos, ya le dijimos que se dejara de chingaderas con Juan Meza, le dijimos que entendiera. Me patean las costillas y me dicen muchas cosas. Regresan y todo el tiempo estuve boca abajo, llegan me patean por en medio de las piernas y me avientan hasta adelante”.

Los hombres se llevaron teléfonos y una ipad, donde la funcionaria grababa las sesione de Cabildo, por lo que más tarde identificaron que habían ido también a la vivienda de otra de las regidoras, quien se encontraba con su mamá y su hermano.

La segunda regidora relató que los hombres arribaron cerca de la media noche, tras hacer varios disparos al aire y quebrar los cristales de las ventanas de la casa, luego de lo cual forzaron la entrada, sacaron a su mamá y la pusieron en la sala, junto con su hermano.

De inmediato la sacaron a ella de su habitación, la hincaron también en el suelo y empezaron a golpearla.

“Me empiezan a golpear en la cabeza, me dan 3 veces, yo sentí que con un bat, yo sentí una cosa larga, me dan 3 veces en la cabeza, me empiezan a decir que a mi que me interesaba si el dinero de presidencia lo sacaban todo. ¿Pretenden arreglar el mundo? Me vuelven a patear y me dan 3 veces con el cinturón.”

Tras los hechos, las 5 integrantes del Cabildo decidieron salir del municipio, con la idea “de no volver”, por lo que acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) a presentar su declaración.

En la dependencia, el ministerio público, Hugo Humberto Cano Ayala, escuchó la declaración pero no escribió nada, al aclarar que su tema “era político” y las remitió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El funcionario escribió una sola cuartilla de su declaración al considerar el resto “no relevante”.

Al día siguiente hablaron con el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, “nos recibe a las 12:00 del día y posterior a la plática con él nos mandan a la Fiscalía, para una ampliación de denuncia”.

“Nos atiende una fiscal y estaba el MP, estaba el director de seguridad Pública, creo que ya tenían conocimiento de lo que había sucedido allá, porque solo acentuaba cuando se hablaba de los hechos. Estuvimos ahí hasta las 5 de la mañana.”.

Señalaron que pidieron seguridad, pero las remitieron al número de emergencias 911.

“Yo les pregunté… ¿y la seguridad? Me dijeron llaman al 911 si ven algo raro. Vayan a descansar, se ven muy cansadas, cómo vamos a descansar”.

Incluso los responsables de tomar la declaración advirtieron que las denuncias se enviarían a la Fiscalía Regional de La Piedad y se filtraría, lo que representaría un riesgo para ellas.

Reprobaron que hasta el momento no haya pasado nada, aunque en la Comisión Estatal de Victimas, les dieron atención psicológica y les asignaron un defensor victimal, mientras que en la Comisión de Derechos Humanos descartaron la posibilidad de que pudieran ser asiladas políticas en Estados Unidos de Norteamérica.

“Es muy lamentable que hemos tocado las puertas de las instituciones y que no nos hayan brindado el apoyo que necesitamos. Es muy frustrante que nosotras siendo servidoras públicas se nos hayan tratado como se nos trató, pensando y personalmente siendo representante del partido de Morena nunca pensé vivir todo esto y que las puertas se nos cerrarán aquí siendo gobierno, que se nos de la espalda”.

Luego del 22 de septiembre, las funcionarias municipales no han vuelto a tener comunicación con el secretario de Gobierno ni con ningún otro funcionario estatal o partidista.

De hecho, el mismo 20 de septiembre, cuando ellas fueron agredidas se reportó la desaparición del director de Obra Pública municipal, Valentín Duarte Rivas y hasta el momento no se tiene información de su paradero.