Con el objetivo de cerrar los vacÃos legales que dejan en total indefensión a las vÃctimas de delitos facilitados mediante sustancias quÃmicas, el diputado federal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y la Ley General de Salud. La propuesta busca tipificar y sancionar de manera ejemplar la práctica conocida como “drink spiking” o adulteración quÃmica de bebidas y alimentos.
El legislador explicó que actualmente la legislación no regula de forma clara la adulteración de bebidas con sustancias quÃmicas (muchas de ellas incoloras e inodoras) para incapacitar a una persona, lo que permite que agresores aprovechen la vulnerabilidad de la vÃctima para cometer delitos como abuso sexual, robo o violencia. Acciones que vulneran principalmente a las mujeres.
“Esta iniciativa tiene un enfoque claro de protección a las mujeres, porque son ellas las principales vÃctimas de esta práctica cobarde. No podemos permitir que en bares, antros, restaurantes o reuniones sociales, la diversión se convierta en una trampa. Detrás de una bebida adulterada hay historias de abuso y violencia que merecen justicia”, afirmó Núñez Aguilar.
Para dimensionar la gravedad del problema, el diputado del PVEM citó una encuesta de YouGov que revela que 1 de cada 9 mujeres afirma haber sido vÃctima de adulteración de sus bebidas, 8% reporta que un familiar fue vÃctima y un 12% tiene amistades que lo han sufrido.
“Estas cifras reflejan una realidad que ha sido normalizada y subestimada. La baja confianza en las autoridades para denunciar agrava aún más la situación, dejando a las vÃctimas en el abandono”, subrayó el legislador.
La iniciativa del diputato Ernesto Núñez Aguilar define legalmente la “adulteración quÃmica” como la alteración intencional de alimentos o bebidas mediante sustancias no autorizadas para manipular o incapacitar a una persona.
En este contexto se propone la incorporación de este concepto y se establecen penas de 10 a 25 años de prisión y de 100 a 500 dÃas multa para quien suministre narcóticos sin autorización en estas circunstancias. La pena se incrementa hasta en una cuarta parte si el delito es cometido por personal del establecimiento (como meseros o seguridad), y hasta en una mitad cuando la vÃctima sea menor de edad, adulto mayor o persona con discapacidad para comprender o resistir la conducta.
El diputado ecologista concluyó que esta reforma es un paso fundamental para cerrar los vacÃos legales que existen en la persecución de estos delitos, facilitar la denuncia y, sobre todo, mandar un mensaje claro a la sociedad: la seguridad de las mujeres y de todas las personas en espacios de convivencia no es negociable.
“Desde el PVEM estamos convencidos de que para construir un México en paz, debemos empezar por proteger a quienes están en mayor riesgo. Esta iniciativa devuelve la confianza a las vÃctimas y castiga con todo el peso de la ley a quienes aprovechan la indefensión quÃmica para dañar”, finalizó.
