CEDH vigilará los operativos de alcoholímetro en Morelia

Morelia, Michoacán. Luego de 8 meses de aplicación de sanciones y arrastre de miles de vehículos particulares, en Morelia se pondrá bajo revisión el funcionamiento y la operatividad de los módulos de alcoholímetro bajo una perspectiva de derechos humanos, anunció la CEDH.

Y es que en lo que va de este año se han presentado al menos 6 quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de parte de ciudadanos que cayeron en los operativos y que, más allá de haber sido sancionados por la autoridad municipal, consideraron vulnerados sus derechos.

Información de la CEDH reveló que las seis quejas presentadas versan sobre que no se les dio el acompañamiento jurídico y legal al momento de aplicar la prueba y que tras ser detenidos sufrieron malos tratos que, además catalogados como “inadecuados”.

En voz de Marco Antonio Tinoco Álvarez, ombudsperson en el estado de Michoacán, si bien el protocolo de alcoholímetro hasta el momento parece garantizar la protección de los derechos humanos, se tiene que revisar que también cumpla con la norma oficial mexicana para los operativos de detección y sanción de alcoholemia.

Por ello, en los próximos días continuarán las mesas de trabajo con la Comisión Municipal de Seguridad y con el alcalde Alfonso Martínez Alcázar a quienes, de cualquier forma, reconoció buena disposición para afinar los detalles de operación de estos programas locales.

Por alcoholímetro tenemos quejas, son 6 y ya iniciamos una mesa de diálogo con el presidente municipal para revisar la legalidad del programa. Sí está dentro de la normatividad, lo que tenemos que verificar es que la norma mexicana se aplique como tal”

Marco Antonio Tinoco Álvarez, ombudsperson

Sobre las quejas en sí, explicó el ombudsperson que transitan sobre que “no se les da acompañamiento a las personas que se les aplica la prueba y que se les trata de manera inadecuada”.

También se tendrían que tomar otras consideraciones en cuanto al combate a la alcoholemia, adelantó. Además de presentar y afinar protocolos con el Cabildo, se insistirá en el cumplimiento de los reglamentos de operación de bares y restaurantes, así como esquemas de conductor designado que permitan inhibir la conducción bajo altos niveles de alcohol.

En lo que respecta a otras áreas de operativos policiales, destacó que también se pondrá en marcha un proceso de revisión de los programas de cámaras de solapa para resguardar los datos personales y digitales de las personas detenidas y otras necesidades que aseguró, ya se tienen sobre la mesa con el Ayuntamiento capitalino.